EL ANTIMILITARISMO A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI.

Perspectivas de futuro del movimiento antimilitarista en el estado español    El movimiento antimilitarista en el Estado español, sin duda uno de los movimientos sociales más dinámicos y enriquecedores y el que más ha puesto en tela de juicio las estructuras del poder establecido en los últimos años, se enfrenta a un cambio significativo de las coordenadas bajo las que ha desarrollado su lucha. Se plantea la duda de cómo afrontar la nueva situación, aprovechando la experiencia y la legitimidad acumuladas, sin caer en la marginalidad, y seguir trabajando en pro de la desmilitarización y, en definitiva, de la transformación social.
 

I. El nuevo Militarismo.

    En los últimos años y como resultado directo del desmoronamiento de los regímenes del llamado "Socialismo Real", a partir de 1989, y el consiguiente fin de la Guerra Fría, las relaciones y equilibrios de poder a nivel mundial han sufrido profundos cambios, lo que ha repercutido directamente en las estructuras militaristas mundiales. Es lo que se ha dado en llamar, no sin una buena dosis de cinismo, el Nuevo Orden Mundial. Pese a lo que les gustaría a los ideólogos de este "Nuevo Orden", que anunciaban grandilocuentemente "el fin de la Historia" y el comienzo de una nueva era en la que todo marcharía sobre ruedas en el mejor de los mundos posibles, como se ha visto este "Nuevo Orden" dista mucho de garantizar el fin de los conflictos militares, que han llegado a las mismas puertas de la Europa acomodada.
    Este nuevo marco de relaciones internacionales se caracteriza por la absoluta hegemonía del bloque "occidental", con los EEUU a la cabeza, o más bien habría que decir del bloque de los países del Centro, cuya dominación económica, política y militar es ahora incontestable por la desaparición del bloque "socialista" que actuaba en cierto modo -y por sus propios intereses, desde luego- de contrapeso y freno a la dominación occidental. Esta hegemonía se ve reflejada en el nuevo papel, cada vez más descarado, que juegan los organismos internacionales como la ONU.  A su vez, las estructuras militares occidentales están cambiando para adaptarse a las nuevas necesidades estratégicas de defensa de los intereses del bloque hegemónico. El papel y los objetivos de la OTAN están siendo rediseñados, y la propia estructura de la Alianza va a ser reformada oficialmente en una Cumbre a celebrar en Madrid en julio de 1997, contando con la incorporación paulatina de los países miembros del antiguo Pacto de Varsovia. Se han definido nuevos objetivos estratégicos de intervención (gestión de crisis, operaciones de mantenimiento de paz, operaciones de ayuda humanitaria, defensa de los intereses de los países del Tratado en el exterior) así como, la llamada Identidad de Defensa Europea, esta última íntimimamente ligada al proceso de consolidación de la Unión Europea, definido por el Tratado de Maastricht, y a la Unión Europea Occidental (en esta última se ha impuesto la visión "atlantista" de la defensa europea, subordinada a las directrices de la OTAN y por tanto de los EEUU).
    En este sentido, ya nos hemos acostumbrado a ser testigos lejanos, merced a grandes despliegues propagandísticos de los medios de formación de masas, de las intervenciones militares en todo el mundo. Estas intervenciones, que no son nada nuevo y que incluso en los casos más sangrantes siempre habían sido realizadas en nombre de valores tan sagrados como la Libertad, la Democracia o la Justicia, son legitimidas ahora por el consenso internacional impuesto por esa misma hegemonía en organismos como la ONU. Es bajo el "paraguas protector" de esas Naciones Unidas, controladas por el bloque occidental (recordemos: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia y China, estas dos últimas cada vez menos propensas a llevar la contraria a las demás), que se llevan a cabo las intervenciones.
    Por su parte, el Estado español se encuentra en pleno proceso de integración, aunque a un nivel secundario, en las estructuras internacionales. Desde enero de 1993 España es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El Parlamento ha dado vía libre al Gobierno para negociar las condiciones de la plena integración en la estructura militar de la OTAN, a realizar formalmente en la Cumbre de Madrid de julio (dicho sea de paso, violando las condiciones impuestas por el referéndum de 1986). El nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, tras el cese de Willy Claes, es el español Javier Solana, militante del PSOE y ex-ministro de Asuntos Exteriores (este nombramiento no es casual sino que responde a las "convicciones firmemente atlantistas" de Solana, cuya opinión favorable a la integración española en la estructura militar era pública y notoria; se trata de un premio para él y de un medio para facilitar esa integración).   La participación de tropas españolas en intervenciones internacionales ha pasado a ser algo habitual, sirviendo de mecanismo legitimador en dos direcciones: de cara a la presencia en los mecanismos internacionales de decisión (de hecho la entrada de España en el Consejo de Seguridad ha sido otro premio por su colaboración en distintas misiones de la ONU), y de cara a la propia sociedad española, en un esfuerzo por recuperar el prestigio con que el Ejército español nunca ha llegado a contar realmente (1). Por otra parte, esas intervenciones han servido de entrenamiento real, si no en condiciones de combate, sí en lo que a logística e infraestructura se refiere, para las unidades que han participado en ellas, es decir las unidades de élite: Legión y Brigada Paracaidista.
    La adaptación del Ejército español a las nuevas condiciones se va a producir, principalmente, mediante un proceso de profesionalización progresiva, anunciado a las pocas semanas de la toma de posesión del nuevo Gobierno del PP, a culminar en el año 2003. Esto es algo que ya se veía venir -en los momentos más álgidos de la campaña de Insumisión el debate sobre la misma existencia de los Ejércitos era reemplazado, en los medios de comunicación y con la colaboración de algunas formaciones políticas supuestamente progresistas como Izquierda Unida, por el debate sobre el servicio militar y sobre la conveniencia de contar con un Ejército profesional- aunque el proceso se ha acelerado; pero recordemos que el Plan 2000 para las Fuerzas Armadas, aprobado por el último Gobierno del PSOE, contemplaba un Ejército a medio camino de la profesionalización, con un porcentaje de tropas profesionales del 50% y una reducción sustancial de los efectivos totales. Esta profesionalización, desde luego, no responde a los intereses del conjunto de la sociedad ni a los planteamientos expresados por el movimiento antimilitarista.
    El Ejército español tiene un nuevo papel que cumplir en el marco de la integración del Estado en las nuevas relaciones internacionales, y principalmente como vigilante del flanco sur de la OTAN frente a las supuestas amenazas provenientes del Mahgreb y de la orilla Sur del Mediterráneo. No hay que olvidar la importancia estratégica de las bases militares aéreas y navales instaladas en territorio español (Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Rota), sistemáticamente utilizadas en las operaciones militares de los aliados por su privilegiada situación geográfica. Para el cumplimiento eficaz de estas misiones, lo que se necesita no es un Ejército numeroso sino un Ejército bien preparado, entrenado y dotado de material tecnológicamente avanzado; las unidades de élite son el paradigma de este tipo de fuerzas. El modelo tradicional de Fuerzas Armadas ya no satisfacía estos requisitos, a lo que se añade que algunas de las funciones que le habían sido encomendadas, por un lado de control del propio territorio (véase el Plan de Nueva Ordenación Territorial del Ejército de Tierra, Plan NORTE, por el que se cambia la organización geográfica del mismo), por otro de encuadramiento y adoctrinamiento de la población (vía servicio militar obligatorio), eran realizadas por otras instancias del poder. Por todo ello la decisión de profesionalizarlas no podía hacerse esperar.
    En cualquier caso, no es de desdeñar el papel cumplido por el movimiento antimilitarista a la hora de allanar el camino a la profesionalización. Pues como se ha dicho anteriormente, la manipulación mediática de nuestros planteamientos ha hecho que a menudo se presentara esta lucha como un movimiento contra el servicio militar obligatorio; en cualquier caso, el desprestigio y la crisis de legitimidad del Ejército se ha quedado, por el camino, en desprestigio de la conscripción obligatoria. Quizás sea esto algo a tener en cuenta a la hora de hacer una valoracíón de la campaña de Insumisión.
 

II.Antimilitarismo hoy y mañana.

    Es obvio que todos estos cambios van a repercutir, lo están haciendo ya, en las estrategias desarrolladas hasta ahora por el movimiento antimilitarista.
    Por un lado, la campaña de Insumisión, que debía afrontar un nuevo giro en la respuesta represiva del Estado, vía Nuevo Código Penal (que como se recordará establece nuevas penas de inhabilitaciones y multas para los insumisos), se ve ahora abocada a un final establecido para el mismo momento en que finalice la conscripción obligatoria, en el 2003. No por ello podemos olvidarnos de todos los insumisos que aún cumplen sus condenas, de todos los que se encuentran en rebeldía, de todos los que siendo insumisos todavía no han tenido que enfrentarse a la represión, e incluso de los jóvenes que de aquí al 2003 se declaren insumisos. Pues hasta entonces parece seguir siendo válida esta estrategia de deslegitimación y denuncia de lo militar mediante la desobediencia civil. Además, las inhabilitaciones podrían y deberían permitirnos extender el debate sobre el militarismo a las instituciones encargadas de ejercer este nuevo tipo de represión (Ayuntamientos, Universidades, etc...) y a los agentes sociales que en ellas operan (sindicatos, comités de empresa, asociaciones de estudiantes...), forzándoles a adoptar un compromiso de no aplicar esas inhabilitaciones.
    Por otro lado, el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) ha lanzado, en marzo de 1997, su nueva campaña de Insumisión en los Cuarteles. Esta campaña consiste en que los insumisos se nieguen a realizar el servicio militar una vez incorporados al mismo (la incorporación se hace efectiva al firmar un documento en el que se comunica formalmente la adquisición de la condición de militar). Posteriormente los insumisos se presentarán colectivamente ante la jurisdicción militar, que será la encargada de juzgarles; la legislación aplicable será el Código Penal Militar, concretamente los artículos 102.3 (sobre desobediencia permanente) o 120 (sobre deserción). En cualquiera de los dos supuestos, las penas a imponer son de dos años y cuatro meses a seis años de prisión, a cumplir en establecimiento penitenciario militar (en principio la única cárcel militar de cumplimiento es la de Alcalá de Henares).(2)
    Los objetivos de esta nueva campaña de Insumisión en los Cuarteles son fundamentalmente recobrar el impulso del movimiento, ciertamente cansado tras estos ocho años de Insumisión tradicional, renovando su discurso y su práctica, y volver a situar el debate social en lo militar, de donde se había alejado para pasar a centrarse en los aspectos meramente represivos. Queda por ver si efectivamente esta será la manera de hacerlo, pues parece que la intención del MOC sigue siendo la de articular la lucha en torno a la presencia de insumisos en las cárceles, aunque estas sean de nuevo militares. Los colectivos que en estos años de Insumisión hemos manifestado nuestro deseo de plantear la lucha en otros términos, mediante la llamada Insumisión Total, deberemos debatir hasta qué punto compartimos los presupuestos de esta nueva campaña, y hasta qué punto nos vamos a implicar en ella. De cualquier modo, la vida de esta campaña parece limitada, al igual que la de Insumisión tradicional, al año 2003.
    Y por fin he aquí la pregunta que mucha gente se plantea: ¿Supone el Ejército profesional el fin del antimilitarismo? Nosotr*s pensamos que no, pues las estructuras militaristas siguen en pie ahora más que nunca. Ahora bien, el movimiento antimilitarista debe ir preparándose para abrir nuevos caminos y no perder la potencialidad de transformación social que ha adquirido en estos años. La primera oportunidad que se nos presenta es la cumbre de la OTAN de Madrid, en julio de este año. Como ya se ha dicho, la capital importancia de esta cumbre es que en ella se aprobará la nueva estructura militar (a la que se integrarán Francia y España, todavía oficialmente ausentes de ella), los nuevos objetivos y la incorporación de algunos de los países del antiguo Pacto de Varsovia (los más adelantados en sus transiciones hacia economías capitalistas). No debemos dejar pasar esta oportunidad de desenmascarar el auténtico rostro de la OTAN y del militarismo, que siguen siendo lo que siempre han sido: mecanismos de dominación y motores del sistema capitalista, a pesar de la nueva imagen que pretenden ofrecernos.
    Por otra parte, los gestores del Poder no las tienen todas consigo para implantar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas. La nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), documento de carácter cuatrienal elaborado por el Gobierno para definir los objetivos de la "defensa nacional", ha sido firmada en una fecha no precisada de diciembre de 1996. En ella se definen tres ejes básicos: consolidar la presencia española en las organizaciones internacionales de seguridad -incluyendo la estructura militar de la OTAN; mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas mediante su plena profesionalización en un plazo de 6 años -es decir en el 2003; y conseguir el apoyo y la participación de la sociedad en el dispositivo de defensa. Este último objetivo se plantea la "necesidad de mejorar la sintonía entre la sociedad y los Ejércitos, a través de un mejor conocimiento de las necesidades y responsabilidades de España en materia de seguridad" (3). Lo paradójico de la cuestión es que, mientras la última DDN firmada por el Gobierno PSOE en 1992 fue hecha pública (precisamente con ese ánimo de inculcar a la sociedad española el "espíritu de defensa nacional"), esta en un principio, ha mantenido su carácter secreto, signo de que en el fondo los estamentos militares siguen desconfiando de la actitud de la sociedad hacia ellos (aunque posteriormente, y en vista de las críticas recibidas por esta actitud secretista, la DDN ha sido hecha pública). Paralelamente, el Ministro de Defensa, Eduardo Serra, presentó el 21/2 al Gobierno los planes elaborados por su departamento para "elevar la débil conciencia de defensa de los españoles". Estos planes incluyen la potenciación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEE), que ha sido transferido a la Dirección General de Política de Defensa, a las órdenes directas del Ministro, así como crear un Consejo Asesor para el Desarrollo de la Conciencia Nacional de Defensa y "promover actividades conjuntas con el Ministerio de Educación" (en otras palabras: inculcar la "conciencia de defensa nacional a l@s escolares). Como se ve, pese a los ingentes esfuerzos y recursos destinados a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, pese a su participación y asesoramiento en "procesos de democratización" (cruel ironía): El Salvador, Angola, Namibia; o en "misiones humanitarias": Bosnia, Kurdistan..., el Ejército español sigue suscitando desconfianza y rechazo en amplias capas de la población. (4)
    Esta identificación entre Fuerzas Armadas y sociedad es más necesaria hoy que nunca. Y es que la implantación del nuevo modelo de Ejército requerirá un sustancial aumento de los gastos militares, al mismo tiempo que los planes del Gobierno de "ajuste económico" para continuar con el proceso en marcha de adaptación de las estructuras económicas a la llamada Economía Global -última reestructuración del capitalismo para salvarse a sí mismo-, incluyen severos recortes en los gastos sociales, en una situación de crisis económica estructural de efectos sociales demoledores. El gasto militar de 1997 asciende a 1,9 billones de pesetas (incluyendo el presupuesto del Ministerio de Defensa, las partidas militares de sus organismos autónomos, las clases pasivas, la Guardia Civil, la contribución española a la OTAN y la UEO, etc) (5). Asistimos a una militarización de la economía, como muestran la financiación del proyecto EFA (Avíón de Combate Europeo) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, o las cada vez más cuantiosas exportaciones de armamento, a menudo camufladas bajo epígrafes como "maquinaria pesada", "vehículos", "componentes electrónicos", etc, cuyos principales clientes son Estados claramente violadores de los Derechos Humanos (Marruecos, Indonesia, Thailandia...). Asistimos también a una militarización de la sociedad, cada vez más autoritaria, jerarquizada y sometida al control del Poder, en el marco del proyecto de la Unión Europea, mientras las muestras de disidencia política son arrinconadas y reprimidas por todos los medios. El supuesto consenso social existente sobre todo ello dista mucho de ser una realidad. Se vislumbra una vía de actuación para el movimiento antimilitarista, que debería abrir brechas en ese frágil consenso.
    Al mismo tiempo, la profesionalización y la supresión del servicio militar obligará a los Ejércitos a recurrir a mano de obra en cantidades que actualmente distan mucho de ser cubiertas. Según el Documento sobre Profesionalización de las FFAA remitido por el Ministerio de Defensa al Congreso, una vez implantado el nuevo modelo, tendrán que reclutar entre 16000 y 20000 nuevos soldados cada año. Sus expertos consideran que para llevar a cabo una buena selección, deben contar con seis candidatos por plaza, lo que supone entre 96000 y 120000 solicitantes anuales. Sin embargo, la media anual se ha situado, en las convocatorias celebradas entre 1992 y 1995, en 35000 aspirantes, a lo que hay que restar que buena parte de ellos, en torno al 25%, son repetidores, y además casi el 20% no se presenta a las pruebas. Para más inri, el número de jóvenes en edad militar se reducirá en más del 20% en los próximos 6 años, por la caída de la natalidad. El Ministerio de Defensa tiene razones para estar preocupado, pues están lejos de garantizar los efectivos que necesitan para su nuevo Ejército profesional. He aquí otra posible vía de actuación: dificultar en lo posible, mediante un trabajo constante de deslegitimación, que haya suficiente gente interesada como para llenar los cupos necesarios de aspirantes a tropa profesional.
    Como se ve, los planes puestos en marcha por el Poder son mucho más difíciles de poner en práctica de lo que realmente quieren hacernos ver, pues conllevan contradicciones imposibles de superar, y que en todo caso serán convenientemente camufladas o enmascaradas. Por ello el movimiento antimilitarista deberá trabajar, ante todo, en la línea de deslegitimación y desenmascaramiento del auténtico rostro del Ejército y del militarismo, en distintas vertientes: la denuncia de los gastos militares, de la fabricación y exportación de armamentos, de las intervenciones militares neo-imperialistas o supuestamente humanitarias, de la militarización creciente de la sociedad... sin olvidarnos de continuar con las ya en marcha campañas de Insumisión; todo ello con una perspectiva de análisis global y contando con la experiencia acumulada en estos años.
    En cualquier caso, el debate sobre la orientación en el futuro, hasta ahora solapado, deberá hacerse público y contar con la participación de todos los sectores involucrados o interesados en nuestra lucha. Nuestra función va a ser a partir de ahora más importante si cabe para dificultar e impedir la consolidación de las nuevas estructuras de dominación estatales y mundiales, para romper el falso consenso social y elaborar alternativas de transformación revolucionaria.

MIL (Movimiento de Insumisos Lisérgicos).

    Notas:

        1) Ver las declaraciones del ex-ministro español de Defensa, Julián García Vargas, a la Revista Española de Defensa.
        2) Fuente: Insumisión en los Cuarteles. Un paso adelante. Dossier del KEM-MOC de Iruñea.
        3) El País, 24/2/97, pg.15.
        4) Aunque el escamoteo sistemático e interesado de la memoria histórica, proceso simúltaneo a la Transición Democrática, ha conseguido que parte de la sociedad, particularmente las generaciones más jóvenes, desconozca u olvide el papel represivo del Ejército, que no estaría de más recordar de vez en cuando.
        5) Fuente: Insumisión en los Cuarteles. Comunicado del MOC.